FSC-CCOO Periodistas | 3 de mayo de 2024

La Eurocámara da el visto bueno a la Ley de Libertad de Medios de Comunicación

  • La normativa, que no es tan ambiciosa como defiende la Agrupación de Periodistas, obligará a los Estados miembros a proteger a los medios de información contra las injerencias políticas, prohibirá el uso de programas espía contra periodistas y regulará una distribución más justa de la publicidad institucional
  • El texto deberá negociarse ahora con el Consejo de la UE, que el pasado mes de junio se posicionó a favor de salvaguardar la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación

04/10/2023.
La prensa escrita estará más protegida por la nueva Ley, aunque no lo suficiente. / P.B.

La prensa escrita estará más protegida por la nueva Ley, aunque no lo suficiente. / P.B.

El Parlamento Europeo ha dado hoy su visto bueno a la Ley de Libertad de Medios de Comunicación, que ha sido aprobada por 448 votos a favor, 102 en contra y 75 abstenciones. Con esta normativa, que no es tan ambiciosa como viene defendiendo la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras, la Eurocámara quiere obligar a los Estados miembros a garantizar el pluralismo de los medios y a proteger su independencia frente a injerencias gubernamentales, políticas, económicas o privadas.

Una vez aprobado por la Eurocámara, el texto legislativo deberá negociarse con el Consejo de la UE, que el pasado mes de junio se posicionó a favor de salvaguardar la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación de la Unión Europea.

Según reza en la nota de prensa emitida por el Parlamento Europeo, Además de prohibir todo tipo de injerencia en las decisiones editoriales de los medios de comunicación, los eurodiputados también quieren evitar que se ejerza presión externa sobre los periodistas, como acceder a contenido cifrado en sus dispositivos, obligarlos a revelar sus fuentes o atacarlos con programas espía.

Según los eurodiputados, el uso de programas espía solo puede ser una medida de «último recurso», caso por caso, y si una autoridad judicial independiente lo permite para investigar un delito grave (como terrorismo o trata de personas).

Para valorar su independencia, el Parlamento quiere obligar a todos los medios de comunicación (incluidas las microempresas) a publicar información sobre su estructura de propiedad.

Los eurodiputados también quieren que los medios de comunicación, incluidas las plataformas en línea y los motores de búsqueda, informen sobre lo que ingresan por publicidad pública y sobre cualquier apoyo financiero público, también de países que no pertenecen a la UE.

Para garantizar que las decisiones de las plataformas en línea de muy gran tamaño sobre moderación de contenidos no afecten negativamente a la libertad de los medios de comunicación, los eurodiputados piden que se cree un mecanismo para gestionar las órdenes de retirada de contenidos.

Según los eurodiputados, las plataformas primero deben procesar las declaraciones para distinguir los medios de comunicación independientes de los no independientes. A continuación, se debe notificar al medio de comunicación la intención de la plataforma de eliminar o restringir su contenido y brindarle un plazo de veinticuatro horas para responder. Si después de este tiempo la plataforma aún considera que el contenido no cumple con sus términos y condiciones, este podrá eliminarse, restringir el acceso al mismo o remitir el caso a las entidades reguladoras nacionales para que tomen la decisión final sin dilación. No obstante, si el medio considera que la decisión de la plataforma no está fundamentada suficientemente y socava la libertad de prensa, podrá llevar el caso ante un organismo de resolución de disputas no judicial.

Según los eurodiputados, los Estados miembros deben garantizar que los medios de comunicación públicos cuenten con una financiación adecuada, sostenible y previsible asignada a través de presupuestos plurianuales.

Para que los medios de comunicación no dependan de la publicidad estatal, proponen limitar la publicidad pública asignada a un único prestador de servicios de comunicación, plataforma en línea o motor de búsqueda, que no podrá rebasar el 15 % del presupuesto total de publicidad asignado por la autoridad en un país de la UE determinado. Los eurodiputados quieren que los criterios para asignar fondos públicos a los medios de comunicación estén disponibles públicamente.

El Parlamento también desea que el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación —un nuevo órgano de la UE creado mediante la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación— sea jurídica y funcionalmente independiente de la Comisión. Los eurodiputados también abogan por un «grupo de expertos» independiente que represente al sector de los medios de comunicación y a la sociedad civil para asesorar a este nuevo Comité.