Victoria judicial para la familia de José Couso tras 16 años de lucha

    La Agrupación de Periodistas de FSC-CCOO celebra la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado al Estado a indemnizar con cerca de 182.000 euros a la viuda y los dos hijos del reportero de Telecinco José Couso, asesinado en 2003 en Bagdad durante la segunda guerra de Irak.

    10/01/2020.
    El reportero de Telecinco, José Couso, en el año 2003 en Bagdad

    El reportero de Telecinco, José Couso, en el año 2003 en Bagdad

    La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia, dictada hace un mes, reprocha al Estado su dejadez a la hora de prestar asistencia diplomática a la familia que lleva más de 15 años exigiendo justicia y responsabilidades a los Estados Unidos para que repare el daño causado. En la resolución se indica que las autoridades españolas se limitaron a "recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por Estados Unidos", que consideran que el ataque estaba justificado y que el fallecimiento del reportero fue un lamentable accidente. Además, añade que "no consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque, sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable. Y ello, pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios según consta en el expediente administrativo".

    El asesinato de José Couso ocurrió la mañana del 8 de abril de 2003, cuando un carro de combate de Estados Unidos disparó un proyectil de 120 milímetros contra el hotel Palestina en el que se alojaban numerosos corresponsales extranjeros. La Audiencia se apoya en una instrucción, ratificada por el Tribunal Supremo, que descartó que "los periodistas ubicados en el hotel pudieran ser confundidos con ojeadores, tiradores o grupos de tiradores del enemigo", ya que "el carro de combate contaba con elementos de visión con los cuales se podía apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en ventanas y balcones del hotel y los objetos que portaban". Además, considera probado que el ejército americano sabía que en ese edificio pernoctaban los reporteros.

    A pesar de apreciar un posible delito en la conducta de los militares norteamericanos, los tribunales españoles se vieron obligados a archivar la causa penal tras la modificación legislativa aprobada en 2014 por el gobierno del Partido Popular, que supuso un recorte del denominado concepto de justicia universal. Dicha reforma fue avalada posteriormente por el Tribunal Constitucional y en fechas recientes ha sido recurrida por la familia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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