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Aprobadas dos directivas europeas que mejoran las condiciones laborales y profesionales de los periodistas

    La Agrupación de Periodistas de CCOO celebra que en la última sesión de esta legislatura el Parlamento Europeo haya aprobado por amplia mayoría la directiva sobre protección de informantes (whistleblowers) y la directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles. En el primer caso se trata de proteger a aquellos que saquen a la luz actividades que vulneren la legalidad en ámbitos como la contratación pública o la protección de datos, mientras que en el segundo caso se pretende garantizar unas mínimas condiciones laborales para aquellos colectivos más precarizados. Las disposiciones que contienen estas directivas deben ser trasladadas a la legislación de los Estados miembros de la UE en un plazo máximo de dos y tres años respectivamente.

    17/04/2019.

    La directiva de protección a los informantes (whistleblowers), aprobada por 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, contempla la posibilidad de denunciar las violaciones del derecho comunitario tanto a nivel interno como externo, lo que abre la puerta a que puedan acudir a los medios de comunicación para que se publiquen las irregularidades detectadas. El texto introduce mecanismos de protección para evitar que el denunciante sea suspendido, degradado e intimidado, y extiende dicha protección a las personas o entidades que actúen como facilitadores o colaboradores del informante. También exhorta a los Estados miembros a que garanticen que los denunciantes tengan a su disposición de forma gratuita asistencia jurídica y asesoramiento independiente sobre los procedimientos a su alcance, y recoge la posibilidad de que a lo largo del proceso los informantes reciban apoyo financiero y psicológico.

    La directiva sobre protección a los informantes se ha adoptado tras escándalos como los de los Papeles de Panamá o LuxLeaks, que han demostrado la importancia de las revelaciones proporcionadas por informantes para detectar y prevenir violaciones de la legislación de la Unión Europea que son perjudiciales para el interés general y el bienestar de la sociedad, tales como el lavado de dinero, la opacidad y las irregularidades en la contratación pública, o las violaciones de la privacidad y la protección de datos.

    Según el Parlamento Europeo, actualmente solo 10 países de la UE, entre los cuales no está España, brindan protección legal integral a los informantes. En 2017 un estudio de la Comisión Europea estimó entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales el perjuicio económico que comporta la falta de protección a los denunciantes solo en el ámbito de la contratación pública.

    En cuanto a la directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles, la normativa garantiza una serie de derechos laborales mínimos a las personas con empleos de corta duración, bajo demanda (contratos cero) o discontinuos, que tendrán derecho a trabajar un mínimo de 3 horas semanales y 12 mensuales. Como norma general, deberán ser informados desde el primer día de prestación de servicios de los aspectos esenciales de su contrato de trabajo que incluye, entre otras cosas, la definición de su tarea, la duración y la remuneración.

    Los Estados miembros tendrán que adoptar medidas para prevenir prácticas abusivas y el empleador no podrá prohibir o penalizar a los trabajadores que acepten encargos de otros empleadores fuera del horario de trabajo establecido con el primero. Además, los períodos de prueba no podrán ir más allá de los 6 meses, se impide de forma explícita que la renovación de un contrato para ejercer la misma función dé lugar a un nuevo período de prueba, y refuerza la necesidad de incorporar la formación continua en el ámbito de la empresa, que de forma preferente se llevará a cabo en horario laboral y computará como tiempo trabajado.

    Lamentablemente, la directiva aprobada por 466 votos a favor, 145 en contra y 37 abstenciones, no incluye bajo su ámbito de aplicación al colectivo de autónomos, aunque nada impide que en la transposición a la legislación nacional se amplíe el foco y acoja a otros colectivos precarizados por el mercado laboral.

    La Agrupación de Periodistas de CCOO insta a las formaciones políticas y a los diputados que salgan elegidos el 28 de abril a que se comprometan a adaptar la legislación nacional al contenido de ambas directivas con la mayor celeridad posible, sin agotar el plazo límite establecido como desgraciadamente viene siendo habitual.