FSC-CCOO Periodistas | 2 de mayo de 2024

El Gobierno de Murcia se niega a facilitar el acceso de la 'freelance' Rosa Roda a las convocatorias oficiales porque carece de “criterios específicos” para acreditar periodistas

  • Responde así a Europa en el caso de Roda, denunciado públicamente por Comisiones Obreras, que forma parte desde el 22 de febrero de las alertas de la Plataforma en Defensa de los y las periodistas del Consejo de Europa, donde requiere del ejecutivo murciano “expedir sin demora la acreditación a la periodista”

15/03/2024.
Roda reclama asistir a convocatorias oficiales, como la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. En la imagen el consejero portavoz de Murcia, Marcos Ortuño. / A. R.

Roda reclama asistir a convocatorias oficiales, como la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. En la imagen el consejero portavoz de Murcia, Marcos Ortuño. / A. R.

La periodista Rosa Roda lleva varios meses intentando formar parte de la agenda institucional de medios, con el fin de contar con todos los datos y fuentes necesarias para ofrecer información completa y veraz en su portal de noticias RRNews, donde realiza fundamentalmente periodismo de investigación de alcance regional y local desde que, hace unos meses, fue despedida por “motivos económicos” de la radio Onda Cero, donde ejercía la jefatura de Informativos. Está además en posesión del carnet internacional de prensa que expide la Federación Internacional de Periodistas, formada por decenas de organizaciones sindicales y profesionales, que facilita cobertura oficial a quienes ejercen la comunicación en 138 países. 

Ante la ausencia de respuesta por parte de la Dirección General de Comunicación de la Comunidad Autónoma de Murcia, Rosa Roda ha solicitado ayuda, siendo incluida en el Mapping Media Freedom, una herramienta del consorcio Media Freedom Rapid Response (MFRR) por “Denegación arbitraria de acreditación o inscripción (incluido el bloqueo del acceso a actos o ruedas de prensa)”. Además, la organización Women in Journalism, que difunde las dificultades laborales y de seguridad de las mujeres periodistas, también se ha hecho eco de su situación.

Por fin, a finales del mes de febrero se incluyó una alerta internacional, que lleva el número 21 de las recopiladas durante este año 2024. 

El gobierno de Murcia responde a Europa que sus notas son accesibles en la página web. La Plataforma ha enviado un requerimiento al gobierno de la Región de Murcia, que ha contestado ninguneando nuevamente a la periodista, al afirmar que no puede acreditarla porque carece de normas para hacerlo, e indicando que Roda puede consultar en la página web institucional las notas de prensa y agenda del ejecutivo, como cualquier ciudadano o ciudadana.

Sin embargo, no se trata de una ciudadana cualquiera, sino de una periodista conocida desde hace más de 30 años, premiada por su buen hacer por organizaciones sociales y por sus propios compañeros (recibió en 2016 la Antena de Plata de la Asociación de Radio y Televisión de Murcia) y recientemente candidata del grupo socialista a la dirección general del medio público Radiotelevisión de la Región de Murcia.

En una breve carta remitida por el Embajador Representante Permanente de España ante el Consejo de Europa, Juan Ignacio Morro, y dirigida al director de Participación Democrática del Consejo de Europa, Matjaz Gruden, el embajador explica que el gobierno de Murcia se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) español para explicar que “la acreditación de periodistas y profesionales de los medios de comunicación para actos institucionales (incluidos los periodistas freelance) responde al establecimiento de criterios objetivos para su selección, debido a posibles limitaciones de espacio”.

Derechos fundamentales y constitucionales. Esa sentencia se refiere al caso de la empresa editora del periódico Diario16 y de su director, Pedro J. Ramírez, que en 1982 recurrieron al TC al haber sido suspendidas dos acreditaciones con las que daban cobertuira informativa a un juicio en la corte militar, que afectaba a policías militares juzgados por el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. 

Si bien en la sentencia se alude a que los únicos criterios que se aplican para escoger unos u otros medios y acreditarlos es la limitación de espacio en la sala del juicio, en los fundamentos jurídicos los magistrados apuntan cuestiones de interés para la defensa del derecho a informar con veracidad. Así, la necesidad de que haya periodistas que acudan a los juicios, que podemos hacer extrapolable a las comparecencias oficiales de relevancia (como las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Gobierno). 

Dice el TC que es vital hacer una proyección a la ciudadanía para que esté informada, y que “Esta proyección no puede hacerse efectiva más que con la asistencia de los medios de comunicación social, en cuanto tal presencia les permite adquirir la información en su misma fuente y transmitirla a cuantos, por una serie de imperativos de espacio, de tiempo, de distancia, de quehacer, etc., están en la imposibilidad de hacerlo”.

En esa línea, la sentencia indica que asistir periodistas al lugar donde transcurre el juicio “es un derecho preferente atribuido en virtud de la función que cumplen, en aras del deber de información constitucionalmente garantizado”, y que distribuir acreditaciones no supone reconocer ese derecho, sino simplemente organizar el acceso. 

La periodista Rosa Roda tiene, efectivamente, el derecho constitucional a informar y a cumplir su oficio de comunicar, y ese derecho no debería verse limitado por una respuesta más propia del humor del absurdo al indicar, como leemos en la carta del embajador, que “the Government of Murcia claims that no accreditation has been refused or granted, since it does not have any specific criteria in this regard”, es decir, “el Gobierno de Murcia afirma que no se ha denegado ni concedido ninguna acreditación, al no disponer de criterios específicos al respecto”. Ni sí ni no, sino todo lo contrario.