Rechazo a la actuación policial y judicial contra periodistas en las Islas Baleares

    La Agrupación de Periodistas de CCOO rechaza la vulneración de derechos fundamentales que supone la actuación policial y judicial contra varios periodistas del Diario de Mallorca y la delegación de la agencia de noticias Europa Press en las Islas Baleares. La requisa de sus ordenadores y teléfonos móviles en el marco de la investigación sobre la presunta filtración de un informe policial del denominado caso Cursach constituye un ataque al derecho de los periodistas al secreto profesional, que está explícitamente recogido en el apartado d) del artículo 20 de la Constitución Española, máxime cuando los informadores afectados no estaban siendo investigados en la causa. Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros afectados.

    11/12/2018.
    Logotipos del Diario de Mallorca y Europa Press Baleares

    Logotipos del Diario de Mallorca y Europa Press Baleares

    El derecho de los periodistas al secreto profesional no es un capricho de un gremio sino que es la base fundamental sobre la que se sustenta la relación de confianza entre los periodistas y sus fuentes, cuya protección es imprescindible para garantizar que puedan suministrar informaciones de indudable interés público, y que de otra forma no serían conocidas por la ciudadanía.

    En este sentido, la jurisprudencia que emana de la Justicia española y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es abundante. Los periodistas realizan su labor bajo el amparo del derecho a la libertad de expresión e información que recoge el artículo 20 de la Constitución Española y dicho derecho prevalece cuando la información publicada trata de asuntos de interés general o relevancia pública suficiente, es veraz y ha sido debidamente contrastada.

    El caso que nos ocupa saca de nuevo a colación la necesidad urgente de afrontar reformas legislativas que permitan revertir el retroceso que han supuesto para la libertad de prensa y los derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestro país la aprobación en los últimos años de la Ley de Seguridad Ciudadana (“ley mordaza”) y otras disposiciones complementarias. Así lo ha puesto de manifiesto recientemente el Centro por el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación que en su informe específico sobre España señala el riesgo que este marco legal restrictivo, así como las sanciones administrativas impuestas a ciudadanos y periodistas, suponen para la buena salud del sistema democrático.

    Manifestamos nuestra solidaridad con los periodistas del Diario de Mallorca y de la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press y nos adherimos a todas las muestras de apoyo que han recibido en las últimas horas por parte de numerosas organizaciones y entidades que defienden los derechos de los trabajadores, la libertad de expresión y la libertad de información.

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