FSC-CCOO Periodistas | 24 de abril de 2024

DERECHOS HUMANOS

Demandan al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

    La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez han presentado una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques que han recibido desde el año 2001. La denuncia relata graves amenazas, tortura psicológica, persecución y hasta un caso de secuestro que permanecen impunes debido a maniobras dilatorias de las autoridades colombianas.

    02/10/2018.
    Alejandra Gómez y Margarette May Macaulay (CIDH)

    Alejandra Gómez y Margarette May Macaulay (CIDH)

    La petición de amparo presentada esta semana ante el CIDH acusa a ex-funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de violaciones de los derechos humanos contra ambas demandantes cometidas entre los años 2001 y 2008. Varios de los presuntos responsables de este plan específico de persecución contra la periodista siguen ejerciendo cargos públicos y el proceso penal contra ellos se ha prolongado en el tiempo de forma deliberada. Otros han eludido la acción de la justicia porque han huído, por prescripción del delito o bien como consecuencia de la actuación negligente de la Fiscalía.

    Según las cortes colombianas, el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos y actividades de inteligencia y contrainteligencia efectuadas por el DAS contra la periodista pueden ser calificados como tortura psíquica agravada y como un crimen de lesa humanidad. Las demandantes son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde 2009. Por este motivo, de conformidad con el reglamento interno del organismo, han solicitado que se dé a su caso un trámite prioritario.

    Claudia Julieta Duque fue secuestrada en el año 2001 mientras investigaba el asesinato dos años antes del compañero periodista Jaime Garzón Forero. Desde entonces ha sufrido torturas psicológicas y constantes amenazas y ha sido acosada junto a su hija, siendo objeto de una férrea vigilancia por parte del Gobierno colombiano. A pesar de ello, durante su trayectoria ha investigado numerosos casos de desaparición forzada o reclutamiento de niños por grupos armados, ha denunciado públicamente la impunidad y la inacción de la justicia, así como la infiltración de grupos paramilitares en los organismos gubernamentales.